ADJUNTAMOS RESPUESTAS DEL MINISTRO DE UNIVERSIDADES A LAS PETICIONES HECHAS POR CCOO
(En negrita, nuestras preguntas/propuestas)
- Diálogo y reflexión sosegados, de las autoridades universitarias en los distintos niveles, los agentes sociales y los representantes de los estudiantes sobre la forma y temporalidad de finalización del curso actual y sus implicaciones y repercusiones respecto del curso próximo, teniendo en cuenta las estimaciones de la duración de la situación excepcional.
El Ministerio de Universidades apoya el diálogo y reflexión entre todos los actores de la comunidad universitaria sobre la forma de finalización del curso actual y sus implicaciones, tal y como se señala en el documento de recomendaciones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019-2020.
- Repensar el carácter no presencial de la convocatoria de evaluación de junio o incluso de julio. Hay variables distintas: a) la evolución de la emergencia sanitaria; b) los ritmos que adquiere en las diferentes comunidades; c) la variedad de entornos académicos: asignaturas de últimos cursos, con carga elevada de prácticas (clínicas, laboratorios, etc.); d) titulaciones profesionalizantes, etc. Hay que considerar que la evaluación es un acto administrativo, que exige unas garantías jurídicas y que actualmente algunas plataformas tecnológicas disponibles no ofrecen seguridad suficiente de autentificación. Es posible contemplar opciones como ampliar los periodos de evaluación y reconfigurar el principio del próximo curso académico, incluyendo nuevos periodos de matrícula. Se debe celebrar la EvAU con las máximas garantías evitando la falta de igualdad de oportunidades y contribuyendo a la equidad. La EvAU corrige diferencias de criterios de evaluación entre centros de enseñanza, estableciendo una calificación más justa para el ingreso en Grados con límite de plazas.
Estamos de acuerdo en que todas esas variables tienen que ser consideradas en las adaptaciones que se han de realizar en las adaptaciones a las guías docentes, sin que ello suponga un cambio del plan de estudios y por tanto sin que suponga una revalidación del plan de estudios. Dichas adaptaciones, en estrecha colaboración con las agencias de calidad competentes en cada territorio, constituirán la garantía de las actuaciones de cara a la renovación de la acreditación de los títulos y también como vehículo eficiente de comunicación a la comunidad universitaria implicada en cada asignatura/materia.
Por lo que respecta a la Evau, los consensos alcanzados entre el Ministerio de Universidades, el de Educación y Formación Profesional, las Comunidades Autónomas y las Universidades garantizan que las pruebas se realizarán con las máximas garantías de equidad.
- Herramientas claras y garantías jurídicas para asegurar la validez de las actividades docentes y académicas que estamos desarrollando, extendiendo esta solicitud también a las agencias de calidad, en el ámbito de su competencia (seguridad jurídica, diseño de los distintos y posibles escenarios, etc.). En particular, es fundamental aclarar cómo se va a realizar la evaluación a distancia, en el supuesto de que finalmente se opte por este sistema. Se están planteando propuestas fáciles sobre el papel, pero difíciles de implantar y de llevar a cabo, incluyendo todos los aspectos relativos a la seguridad y la autenticación. La situación de emergencia será puntual, pero sus consecuencias no. Se tiene que ampliar los plazos que las agencias de calidad están estableciendo para la realización de las modificaciones necesarias en los planes de estudio, que en cualquier caso entendemos que deben ser consideradas como adendas.
Parte de la respuesta a esta propuesta ya se ha hecho en la cuestión anterior. Conviene señalar que las universidades, dentro de su autonomía en estrecha colaboración con la comunidad universitaria, llevarán a cabo la implantación de estas herramientas que habrán de adaptarse a cada titulación y más aún a cada asignatura/materia.
- Retomar la cultura de la negociación: pedimos mayor transparencia y participación en la toma de las decisiones. Nos comprometemos a colaborar con lealtad. Negociar las condiciones de trabajo, dada la sobrecarga de trabajo que se está produciendo. Esta situación no puede justificar la pérdida de derechos (horarios desregulados, conciliación con la vida personal y familiar, etc.). Incentivar las medidas necesarias para aplicar en todo momento planes de trabajo que permitan la conciliación con la vida personal y familiar, modificando estructuras horarias hacia otras basadas en tareas o proyectos. Proteger la participación legítima de los delegados de PRL por medio de los Comités de Seguridad y Salud como única vía para proteger la salud en el entorno de trabajo, entendiendo la sobrecarga, la ansiedad y el estrés asociado a este contexto excepcional.
Este Ministerio siempre estará por la cultura de la negociación con todos los actores de la comunidad universitaria en aquellos aspectos que le competen. Sin embargo, muchos de los aspectos que se citan en este punto no son competencia del Ministerio, sino de las propias universidades, o de la Comunidad Autónoma como administración educativa con competencias en estos aspectos laborales.
- Mantenimiento del empleo en las universidades públicas, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21 del personal temporal de PDI y de los interinos del PAS cuyo contrato finalice el presente curso académico, con el objetivo de poder afrontar en condiciones adecuadas de funcionamiento el próximo curso académico. Hay que avanzar en finalizar con la excesiva precariedad como consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior, manteniendo las ofertas de empleo público, eliminando las tasas de reposición y realizando nuevas ofertas que disminuyan la temporalidad y precariedad del personal universitario.
En el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en su disposición adicional decimosegunda se dice:
“Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, profesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus prórrogas, en los términos establecidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en los apartados siguientes, salvo pacto en contrario.
Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiempo de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas. Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contrato, una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.”
Es decir, durante el periodo de prórroga voluntario de tres meses, se entiende que seré posible realizar los trámites administrativos oportunos.
En cuanto a las interesantes propuestas que se hacen, aun compartiéndolas, el Ministerio de Universidades no tiene competencia para implementarlas salvo en lo que concierne al nuevo Estatuto del PDI donde se contemplarán varias medidas en ese sentido.
- Protección de la investigación en curso, que en muchos casos deberá reiniciarse y por ello hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos y resolución de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2019 a la mayor brevedad posible. Solo los países innovadores son capaces de afrontar los retos del futuro sin sufrir retrocesos en el bienestar ni en la igualdad de sus ciudadanos. No habremos aprendido nada de esta crisis si no entendemos que los recortes en los servicios públicos no nos permitirán mantener un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para superar la crisis y evitar ser vulnerables en otras futuras.
Desde este Ministerio compartimos la importancia que la Ciencia tiene, no solo en estos momentos, sino siempre, para crear riqueza que contribuya al bienestar y a la igualdad de los ciudadanos. De hecho, en la disposición adicional 12 del RDL 11/2020 se establecen las prórrogas de los contratos de los investigadores para preservar la situación laboral del personal investigador en estas circunstancias especiales.
- Las prórrogas de los contratos de investigación establecidas en las disposiciones adicionales 12 y 13 del RDL 11/2020 son insuficientes. Es necesario tomar como referencia el análisis hecho desde los OPIs y en particular el CSIC. Las prórrogas de los contratos deben ser más amplias para asegurar el mantenimiento de las labores docentes e investigadoras, tanto de este curso como del que viene. Asimismo, esta situación acarrea consecuencias en los plazos de depósito y defensa de tesis doctorales que deben salvaguardarse con total prioridad, y de otros derechos recogidos en las convocatorias de la Ley de la Ciencia (movilidad internacional, ayudas, etc.) que no pueden verse conculcados.
Parte de esta propuesta ha sido comentada en la respuesta anterior. Por otra parte, todos los plazos administrativos están suspendidos durante el decreto de alarma, por lo que los que corresponden al depósito y defensa de tesis doctorales también, sin perjuicio de la posibilidad de realizar las defensas de la tesis por vía telemática.
Obviamente en la situación actual de confinamiento que existe en todos los países del mundo y dadas las condiciones sanitarias, las movilidades internacionales son prácticamente inexistentes y se retomarán una vez que las condiciones lo permitan.
- Solicitud de que el artículo 49 del RDL 11/2020 “Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal” no se aplique a los organismos del sistema sanitario y del sistema público de I+D.
Esta actuación está fuera de las competencias del Ministerio de Universidades. En cualquier caso, tomamos nota para trasladarlo al Departamento con competencias en dicha materia.
- Identificar y paliar las brechas digitales de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
La CRUE ha realizado una encuesta masiva a los estudiantes para identificar a los que estén en dichas condiciones. En los casos identificados, se ha procedido por parte de las universidades al préstamo de ordenadores y/o tarjetas de datos para paliar la brecha digital. Desde el Ministerio de Universidades nos hemos puesto a disposición de CRUE por si necesitan alguna intervención del Ministro con empresas del sector a este respecto.
- Reforma de las políticas de becas del Ministerio para el próximo curso académico en cuanto a requisitos académicos y a la propia naturaleza de las becas generales para garantizar la equidad en el acceso al estudio. Hay que eliminar las revocaciones de becas, con la obligación de devolver el dinero, cuando no se ha alcanzado el nivel de éxito requerido y considerando que se ha hecho un uso fraudulento del dinero de la beca, cuando puede haber muchas razones que expliquen ese fracaso. Las condiciones económicas para obtener beca en el curso 2020/2021 no pueden estar referidas exclusivamente al IRPF de 2019 porque muchas familias habrán cambiado drásticamente su situación económica.
La política de becas es una política prioritaria del Ministerio de Universidades desde su misma constitución. En estrecha colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con quien tenemos la competencia conjunta y es quien lleva la gestión de las becas, hemos realizado numerosos estudios para implementar las políticas progresistas que, sobre esta materia, están recogidas en el acuerdo de gobierno entre PSOE y UP. Se han hecho simulaciones diversas por parte del SIIU para establecer el número de beneficiarios y el impacto económico de medidas que tienen que ver con el aumento del umbral 1, la eliminación de criterios académicos, etc. Una vez que se defina el escenario presupuestario, se contemplará la posibilidad de implementación de estas medidas para el próximo curso, así como de tener en cuenta el efecto de la pandemia sobre las condiciones económicas de las familias.
- Suprimir la penalización económica por repetir asignaturas porque en esta situación excepcional el mayor éxito o fracaso puede verse afectado por los medios de que se dispone en el hogar (espacio para estudiar, medios informáticos y bibliográficos, posibilidad de aislamiento y concentración, entre otros) al no poder acceder a bibliotecas, salas de estudio, lo que perjudica a los estudiantes de familias con menor capacidad de renta.
Coincidimos en que esta situación especial requiere de medidas especiales y en ese sentido, estamos en contacto con los demás actores de la comunidad universitaria para evaluar qué medidas comunes se pueden tomar para, efectivamente, no penalizar a los estudiantes que, por diversas causas, puedan ver afectado su desempeño académico habitual.
- Queremos colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las competencias digitales de las universidades públicas, sin perder la potencialidad de la interactuación entre las personas sin mediación y toda la riqueza de la presencialidad.
Desde el Ministerio de Universidades agradecemos a CCOO su disposición a colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las competencias digitales de las universidades públicas, aspecto que resulta fundamental para que la docencia no presencial pueda desarrollarse plenamente como un instrumento complementario a la docencia presencial.
Sección Sindical CCOO-PDI de la Universidad de Sevilla
