CCOO-PDI quiere comunicar a la plantilla y hacerse eco de las injusticias y pérdidas de derechos que, de manera continuada, están ocurriendo en la Universidad de Sevilla. Por citar solo algunos:
- Con la nueva reforma laboral desaparece la regulación anterior por la que había un año de plazo de vigencia para pactar un nuevo convenio colectivo. Ahora, si no se lleva a cabo un pacto de un nuevo convenio colectivo, se prorrogará el anterior hasta que sea sustituido por uno nuevo, así se hará de forma indefinida. De esta forma, para intentar reforzar el papel de la negociación colectiva y la seguridad jurídica, el Real Decreto-ley 32/2021 modifica el artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores, volviendo a la regulación anterior a la última reforma laboral de 2012 y recuperando la ultraactividad indefinida. Esto significa que el Convenio de PDI de las Universidades Públicas de Andalucía está activo por lo que cualquier profesor que obtenga la acreditación a Titular de Universidad debe pasar definitivamente a firmar como Profesor Contratado Doctor, puesto que la LOSU permite esta figura hasta el 31 de diciembre de 2023. No hacerlo es obrar de mala fe y en contra de la normativa. Retrasar la contratación supone pérdida de salario y categoría, lo cual es denunciable ante Inspección de Trabajo y de los tribunales de justicia.
- No se puede aprobar una reducción de créditos en el POD por la impartición de grupos numerosos y ahora establecer que solo se aplica si los grupos son prácticos, teórico-prácticos, teóricos o de otra naturaleza. La normativa no está llegando a todos los departamentos y, cuando llega, las excepciones las marca el Vicerrectorado de PDI cuando en realidad no existen en el acuerdo. Si no hemos negociado las condiciones del POD este año, ¿se negociarán para el curso 2024-25, o este Rectorado quiere que todo el PDI esté a 24 créditos con independencia de sus responsabilidades en investigación, gestión y conciliación familiar? En toco caso, ¿tenemos que esperar a 2024?
- No se puede sacar una convocatoria de Empleo Público para luego saltarse las normas de su propia convocatoria y no publicar las listas de Concursos de Profesor Ayudante Doctor con excusas aleatorias que no convencen a nadie. Las listas se deben publicar y los contratos se tienen que firmar
El Equipo de Gobierno tiene la obligación de garantizar los derechos laborales de su plantilla, que ya llevamos la carga administrativa y la falta de financiación en investigación que, sin embargo, se nos exige para conseguir los complementos de productividad (sexenios). Las desigualdades entre PDI Laboral y Funcionario que se producen en esta Universidad van contra las leyes españolas y europeas y las promesas incumplidas a los investigadores el pan de cada día. Hemos ganado las primeras sentencias y seguiremos ganando. Este Rectorado debería valorar la necesidad de aprobar un primer acuerdo y no esperar a sentencia definitiva del Supremo, pues CCOO va a por todas.
Para conseguir respuestas y soluciones exigimos la apertura de la Mesa de Negociación de la US.
O mejoras o conflicto. La Paz Social no se consigue ignorando los derechos adquiridos.
